Ayuntamiento de Progreso deberá asegurar a sindicalizados.

Progreso, Yucatán a 29 de noviembre. Ayuntamiento de Progreso deberá pagar millonaria deuda, en los próximos 10 días, para la inscripción al ISSTEY de 130 de los más de 700 trabajadores sindicalizados que laboran en el organismo de gobierno municipal, tras decretarse el laudo en favor de estos agremiados, bajo la posibilidad de que la autoridad de Progreso incurra en desacato en caso de no acatar el dictamen.

El pasado jueves 26 de noviembre El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, notificó al ayuntamiento de Progreso el laudo a favor del Sindicato de Empleados y Obreros del Municipio de Progreso, en donde tendrá un plazo de 10 días hábiles para dar de alta a los agremiados de este organismo en dos demandas diferentes, ante el ISSTEY, de acuerdo con la resolución del amparo por parte del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, que ratificó el laudo que dictó el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán en el juicio laboral promovido por la agrupación sindical.

De esta manera el H. Ayuntamiento de Progreso, tendrá dicho lapso para la inscripción de estos trabajadores ante el ISSTEY, lo que se traduce en una deuda millonaria, debido a los pagos de cuotas, recargos y actualizaciones, que deberá absorber el municipio, con una agrupación donde se localizan personas que han laborado desde hace más de 20 años sin seguridad social, ni las prestaciones que esto significa.

De acuerdo con los abogados encargados del caso, el ayuntamiento dirigido por el actual alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, tendrá hasta el 9 de diciembre para cumplir con este dictamen, si no lo hacen, la autoridad correspondiente comenzara con la aplicación de medidas de apremio, consistentes en primera instancia con multas económicas multa económica, las cuales irán escalando hasta inclusive ordenarse el delito de Desacato; los abogados señalaron que meterán presión para la ejecución de dichas medidas señalando que la autoridad municipal ya no cuenta con recursos legales para abstenerse de su obligación con estos trabajadores; y en caso de ser necesario se acudirá a la autoridad federal, ante un juez de distrito, pidiendo medidas más drásticas, que podría llegar a la destitución de todo cabildo progreseño.

Este hecho, que de lograrse marcaría precedente en el estado, donde la mayor parte de los empleados de los municipio no cuentan con seguridad social, pero además deja en jaque las intenciones de reelección del primer edil de Progreso, en los comicios del 2021, debido a los lineamientos del IEPAC con respecto al registro de candidatos.

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